El ECES participa en una mesa redonda sobre la violencia política contra las mujeres elegidas
En respuesta al aumento de las denuncias de presiones políticas contra las mujeres elegidas en el actual contexto subnacional, el Centro Europeo de Apoyo Electoral (ECES) participó en la mesa redonda «Mujeres en la política, libres de acoso y violencia», una iniciativa desarrollada en colaboración con instituciones públicas, organizaciones de mujeres y actores de la cooperación internacional para fortalecer la prevención y la respuesta al acoso y la violencia política contra las mujeres.
En un contexto postelectoral marcado por nuevas denuncias de presiones sobre las autoridades electas y los denominados acuerdos de «gobierno compartido», el evento fue convocado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, el Organismo Electoral Plurinacional, la Defensoría del Pueblo Pedro Francisco Callisaya Aro y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL). Reunió a representantes de la Coordinadora de la Mujer, la Fundación Friedrich Ebert (FES), Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), ActionAid Bolivia, Oxfam Bolivia, la Fiscalía Departamental de La Paz, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) como unidad especializada de la Policía de Bolivia, la Defensoría del Pueblo y expertos en democracia paritaria y acoso político y violencia de género contra las mujeres.
La mesa redonda fue inaugurada por representantes de la Fundación Friedrich Ebert en Bolivia (FES), mientras que las palabras de clausura y la perspectiva sobre los retos fueron pronunciadas por Katia Uriona G., en nombre del Centro Europeo de Apoyo Electoral (ECES). Entre sus reflexiones, destacó las limitaciones del marco legal actual y el papel del Estado y sus instituciones competentes como garantes de los derechos. También esbozó los ejes clave que deben considerarse en la agenda de reforma de la Ley 243, con el objetivo de garantizar una respuesta efectiva a las denuncias, la atención y protección adecuadas para las mujeres víctimas, y sanciones contra los perpetradores. Hizo hincapié en la importancia de consolidar alianzas estratégicas entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional para salvaguardar los avances en la democracia paritaria y garantizar que las mujeres puedan ejercer sus mandatos libres de presiones, amenazas y violencia política.
Durante el evento, las participantes subrayaron la urgencia de abordar las prácticas persistentes de violencia política en el actual proceso subnacional, en particular los llamados «compromisos de gobernanza compartida»: acuerdos informales mediante los cuales se presiona a las mujeres elegidas para que renuncien prematuramente en favor de suplentes o de arreglos partidarios. Se destacó que esta práctica constituye una forma de acoso y violencia política, carece de base legal y socava la voluntad popular expresada en las urnas.
El primer panel abordó los principales desafíos para garantizar los derechos políticos de las mujeres en el escenario postelectoral, analizando las barreras estructurales que obstaculizan la participación política libre de violencia. La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) presentó casos documentados de acoso y violencia política contra mujeres elegidas y su caracterización a nivel nacional, así como experiencias compartidas y reflexiones sobre la resiliencia de las mujeres y la continuidad en los cargos públicos.
El segundo panel se centró en las competencias institucionales y los desafíos operativos del Estado para abordar dichos casos. Participaron autoridades de la Dirección de Igualdad de Oportunidades, la FELCV y la Defensoría del Pueblo, quienes presentaron vías de denuncia, mecanismos de protección y acciones de respuesta ante casos de violencia política.
La mesa redonda forma parte de la campaña de comunicación «El mandato no es negociable: No a la gobernanza compartida», promovida por instituciones públicas, organizaciones de mujeres y socios estratégicos para posicionar públicamente la ilegalidad de dichos acuerdos, fomentar su rechazo social e institucional y fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y protección para las autoridades electas.
