Taller sobre conflictividad electoral en el ciclo electoral boliviano para el Defensor del Pueblo

El martes 18 de junio se llevó a cabo una sesión de capacitación en la Defensoría del Pueblo para una treintena de funcionarios, entre ellos el Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro, y sus dos adjuntos, la Defensora de Derechos Humanos, Jennifer Guachalla, y miembros de la Oficina Nacional, de El Alto y de las oficinas departamentales de La Paz. La primera parte de la sesión se centró en un análisis del contexto boliviano, presentado por el oficial de proyectos del CEAE, Rafael Loayza, marcado por una creciente polarización política y social que alimenta altos niveles de conflicto. En este contexto, se destacó el papel crucial de la Defensoría del Pueblo como actor clave en la prevención, intervención y mediación en situaciones que amenazan los derechos fundamentales. La segunda parte de la formación, impartida por Carolina Floru, oficial electoral sénior del CEAE, abordó el ciclo electoral desde una perspectiva de derechos humanos, analizando las distintas etapas del proceso electoral y los posibles conflictos que pueden surgir. Se hizo hincapié en la identificación de factores endógenos, como la falta de transparencia o la desinformación, y exógenos, como las presiones sociales o los intereses externos, que podrían socavar la legitimidad del proceso y la paz social. En tercer lugar, Luis Castellar, coordinador del proyecto PRO-Elección Bolivia del CEAE, presentó la estrategia del proyecto financiado por la UE (a través del instrumento FPI) y esbozó los factores desencadenantes de los conflictos electorales a lo largo del ciclo electoral boliviano, así como las posibles medidas. Se subrayó la importancia de que la Defensoría del Pueblo mantenga una supervisión activa y estratégica durante todo el ciclo electoral para garantizar la protección de los derechos civiles y políticos.

Como resultado de la sesión, el Defensor del Pueblo y el CEAE acordaron profundizar su colaboración en el análisis conjunto de la dinámica de los conflictos electorales con el fin de elaborar un escenario común para una respuesta temprana. Este enfoque integrará los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos en una estrategia institucional que acompañará cada fase del proceso electoral, reforzando así la capacidad de la Defensoría del Pueblo para responder a las tensiones emergentes y a las violaciones de derechos.